Entre 2015 y 2022 se emitieron 25 declaratorias correspondientes a 22 entidades y a 643 municipios, pero hubo 11 solicitudes más que no tuvieron respuesta positiva

Diseñada hace 15 años para prevenir, atender y castigar la violencia contra las mujeres cuando a nivel local se detectan focos rojos, la Alerta de Género afronta limitaciones financieras y resistencias que el Congreso aún debe atender.

Entre 2015 y 2022, se emitieron 25 declaratorias correspondientes a 22 entidades y a 643 municipios.

Pero hubo 11 solicitudes más que no tuvieron respuesta positiva.

El diagnóstico realizado en la Cámara de Diputados para mejorar este instrumento, regido por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reveló insuficiencia de recursos y resistencia de los gobiernos locales a reconocer los índices feminicidas por temor a una supuesta mala imagen.

El uso político del problema que las oposiciones hacen contra los gobiernos a los que les tocaría aplicar la Alerta de Género es otro de los factores que explican el reiterado rechazo a su aplicación.

De acuerdo con la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI), de las 552 recomendaciones realizadas como parte de las Alertas de Violencia, únicamente nueve por ciento fueron cumplidas a cabalidad; hay omisión en el cinco por ciento y 86 por ciento de las medidas sugeridas se encuentran en proceso o se cubrieron de manera parcial.

¿De qué sirve una alerta, si las autoridades no actúan para salvaguardar la integridad de las mujeres?”, cuestiona la política mexiquense.

Por ello, la legisladora priista ha propuesto la creación de una declaración de Alerta de Violencia de Género a nivel nacional y no sólo estatal, a fin de que sea visibilizada “como un tema de agenda de Estado y no solo como una problemática de entidades”.

Y aunque ese planteamiento hasta ahora no prosperó, hace una semana los diputados enviaron al Senado un dictamen que busca garantizar que los gobiernos locales canalicen recursos al cumplimiento de las alertas.

Fue una modificación aprobada por unanimidad y que se sustentó en cinco iniciativas, entre éstas la de la diputada Herrera Anzaldo para establecer una evaluación federal y estatal de las acciones, a fin de medir su eficacia, así como la responsabilidad administrativa de los servidores públicos que obstaculicen o dilaten su implementación.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Kristal Vences Valencia (Morena), celebró la reforma ­­–­­ahora pendiente en el Senado–, al considerar que fortalece el concepto de entender a las alertas “como un mecanismo integral que requiere del esfuerzo coordinado de los tres órdenes de gobierno para enfrentar y erradicar todo tipo de violencia, así como la violencia feminicida en determinados territorios”.

Pero la diputada Herrera Anzaldo alerta que mientras no se ponga sobre la mesa una estrategia integral de prevención; sigamos destinando el 7 por ciento de los recursos del Anexo 13 del presupuesto federal para la atención de la violencia –en el cual se reúnen las asignaciones en pro de la igualdad— y se le sigan quitando recursos a los refugios de mujeres, “la Alerta de Género será un trámite burocrático más, pero la integridad física, mental y emocional de las mujeres, seguirá en riesgo”.

Por lo pronto, la Cámara de Diputados modificó la citada Ley para establecer que las dependencias relacionadas con la declaratoria de violencia de género deberán canalizar recursos, a fin de cumplirla cabalmente, apegándose a los lineamientos de operación.

Al justificar la medida, las diputadas recordaron que, entre enero y octubre de 2022, en México se habían registrado 773 feminicidios,

¿De qué sirve una Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, cuando los propios datos oficiales muestran que la violencia contra las mujeres está desbordada? Es un hecho que este mecanismo se está quedando corto y por ello necesitamos insistir en una Declaratoria Nacional de Alerta de Violencia de Género, que apueste por una coordinación efectiva entre municipios, estados y federación y despolitice el tema”, plantea la diputada Herrera Anzaldo.

La diputada Vences Valencia coincidió: “No podemos dejar de lado el dolor de las víctimas y el dolor de sus familias; la violencia feminicida es la forma más extrema de las violencias que existe contra nosotras las mujeres, en donde somos asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Por eso requerimos de una política de Estado, que atienda las causas estructurales de la violencia de género y que nos permita vivir plenas, vivir libres y vivir seguras y sin miedo”.

La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández (Morena) confía en que los cambios aprobados el 16 de noviembre obligarán a las entidades federativas y a los municipios que cuenten con la alerta a que asignen y entreguen de manera inmediata los recursos para atenderla.

Para la diputada Socorro Andazola (Morena), estos cambios resultan urgentes para frenar la violencia doméstica que, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, había sido experimentada al menos en un incidente por el 70 por ciento de las mujeres mayores de 15 años.

Señala que la violencia psicológica es la que presenta mayor prevalencia con 51.6%, seguida de la violencia sexual, con 49.7 y la violencia física, con 34.7 por ciento.

Las entidades donde las mujeres reportaban mayores niveles de agresión son el Estado de México, con 78.7% y Ciudad de México, con 76.2%.