
Tras el encuentro con los consejeros y el personal técnico del INE, tocó el turno a representantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos, reunirse con la Junta de Coordinación Política del Senado a quienes advirtieron a los senadores que el llamado plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador “es una fuente de conflicto” e incertidumbre que tendrá un costo demasiado grande para el país.
“El costo para la vida del país es demasiado grande”, advirtió Ricardo Becerra, representante del Instituto de Estudios para la Transición Democrática y vocero de estas 84 organizaciones
Aseguró que esta reforma electoral es una fuente de conflicto y de un alud de impugnaciones de todo tipo y de incertidumbre para los siguientes meses.
“Es una reforma repleta y confrontada con nuestra Constitución, lo más grave es que esta reforma en su conjunto vulnera la autenticidad del sufragio, porque desarma de capacidades a quienes construyen el padrón, a quienes capacitan a los ciudadanos, a quienes colocan la casilla y a quienes cuentan los votos”, acusó
El presidente de la Jucopo y líder de la mayoría parlamentaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal reconoció su preocupación por lo expuesto en ambos encuentros pero recalcó que será la Corte la que decida sobre esos temas pues el Senado ya no puede hacer nada.
“Lo que les dije fue, esta es una casa de todos, los recibimos pero no hay nada que hacer en el Senado, eso también se los dije, nosotros ya está agotado el proceso formal y tendrá que ser la Corte la que decida sobre los temas”, recalcó
Diez representantes de estos 84 colectivos plantearon sus argumentos en contra de la reforma electoral y adelantaron que acompañarán las acciones de inconstitucionalidad que en su momento se interpongan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ricardo Becerra aseguró que es una reforma confrontada con nuestra Constitución que en su conjunto vulnera la autenticidad del sufragio, porque desarma de capacidades a quienes construyen el padrón, capacitan a los ciudadanos, colocan la casilla y a quienes cuentan los votos.
“Desmantelar la estructura del Instituto Nacional Electoral, que se despida al 85 por ciento de los trabajadores especializados en organización electoral, permitir que el gobierno en turno se entrometa la confección del padrón electoral, acabar con los eficientes y probados módulos de credencialización”, indicó