Ciudad de México— La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas dejó de ser un tema técnico para convertirse en una disputa de fondo: ¿quién decide realmente sobre el agua en México?, ¿el Estado, los mercados o las comunidades que han vivido históricamente del territorio?Desde la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, defendieron el paquete de reformas que expide una nueva Ley General de Aguas –reglamentaria del artículo 4 constitucional– y modifica la Ley de Aguas Nacionales –reglamentaria del artículo 27– con el argumento de “devolver el agua a la Nación” y frenar el acaparamiento.Al mismo tiempo, productores, organizaciones rurales y colectivos en defensa del agua advierten que el rediseño del marco jurídico puede trastocar patrimonios familiares, desestructurar formas comunitarias de gestión y concentrar un poder discrecional en la autoridad federal que, sin contrapesos, abre riesgos de corrupción.

Lo que dice el GobiernoDe acuerdo con la información difundida por la presidencia y Conagua, la iniciativa tiene tres ejes centrales:Reconocer y hacer exigible el derecho humano al agua y saneamiento, garantizando un mínimo de 60 litros diarios por persona para uso doméstico sin cobro, como estándar nacional.Terminar con el mercado secundario de concesiones, prohibiendo su compraventa o transmisión entre particulares y creando un capítulo de “delitos hídricos” para sancionar extracción ilegal, desvíos y corrupción asociada al uso del recurso.Reforzar la rectoría del Estado, mediante un Registro Nacional del Agua, nuevas reglas para la asignación de concesiones y la concentración de decisiones clave en Conagua.Frente al temor de campesinos y ejidatarios por la herencia de sus derechos, el director de Conagua ha insistido en que “es falso que la reforma impida heredar concesiones”, y que el binomio tierra-agua “está garantizado”: si se vende o hereda una propiedad con título de concesión, la autoridad emitirá un nuevo título “en los mismos términos” a nombre del nuevo propietario.El discurso oficial se resume en una idea: el agua dejaría de ser mercancía y se asumiría plenamente como bien público nacional, prioridad para consumo humano y saneamiento antes que para usos industriales o agrícolas intensivos.

Patrimonios en riesgo y modos de vida en jaqueEn paralelo, el debate en el Congreso ha ido documentando el otro lado de la historia. En audiencias públicas y foros regionales, campesinos, ejidatarios, productores y representantes empresariales han advertido que la reforma, tal como fue presentada, elimina la transmisión de concesiones entre particulares, centraliza decisiones en Conagua y puede desvalorizar tierras cuyo peso económico depende precisamente del acceso legal al agua.Sectores del campo señalan que, en la práctica, los títulos de agua han funcionado como parte del patrimonio familiar: determinan el valor de la tierra, condicionan la viabilidad de cultivos y han sido la base de proyectos productivos en regiones completas. El riesgo que denuncian no es sólo jurídico, sino de supervivencia económica: si la transmisión queda a discreción de una autoridad central o se acota con reglas poco claras, se altera toda la ecuación patrimonial.Informes de organizaciones y especialistas recuerdan, además, la magnitud de la crisis hídrica que sirve de telón de fondo: más de 70 % de ríos y lagos con niveles significativos de contaminación, alrededor de 9 millones de personas sin acceso a agua potable y 11 millones sin alcantarillado, en un país donde 515 municipios carecen de red de drenaje.Para los críticos, esta radiografía muestra que el problema no se reduce a los “privilegios” de grandes acaparadores, sino a un sistema estructuralmente desigual donde las comunidades rurales han cargado con la mayor precariedad.

Sistemas de agua que no caben en el ExcelDiversas redes y colectivos en defensa del agua han cuestionado que, aunque la iniciativa reconoce los sistemas comunitarios de agua y saneamiento, lo hace de forma limitada y subordinada, manteniendo la centralidad de los Consejos de Cuenca como órganos dominados por gobiernos y grandes usuarios.Organizaciones como Cántaro Azul y redes estatales han advertido que la propuesta mantiene vacíos que permiten la continuidad de concesiones privadas en grandes obras hidráulicas y sistemas municipales, pese al discurso de “desmercantilización”.El reconocimiento de sistemas comunitarios se condiciona a que estén fuera de áreas de operación municipal o metropolitana, lo que podría derivar, según activistas, en procesos de regularización que terminen desmantelando estructuras comunitarias que hoy funcionan.La crítica central es política: si el agua es un bien común, las comunidades que organizan y sostienen los sistemas de abasto deberían pasar de ser “objeto regulado” a “sujeto de derechos”, con voz efectiva, acceso a financiamiento y asistencia técnica. Sin esos mínimos, la ley corre el riesgo de burocratizar lo comunitario sin fortalecerlo.

Supervisión y discrecionalidadEl rediseño institucional propuesto no sólo cambia reglas; también redistribuye poder. Análisis sectoriales han señalado que la eliminación del mercado secundario de concesiones, la posible sustitución por permisos renovables y la centralización de autorizaciones en Conagua pueden “encender alarmas” por discrecionalidad y riesgo de corrupción, si no se acompaña de mecanismos fuertes de transparencia, participación y control ciudadano.Reportes especializados advierten que al terminar con la compraventa de concesiones, se corta un mercado especulativo, pero se refuerza el poder de quien decide otorgar, renovar o cancelar permisos; en un contexto de desigualdad regional, eso puede traducirse en “palanca” política o económica.La coexistencia de una Ley General de Aguas y una Ley de Aguas Nacionales reformada puede generar trámites más complejos y ventanas de discrecionalidad para comunidades que busquen regularizarse.

Bloqueos, ajustes legislativos y un conflicto abiertoLa disputa jurídica se desarrolla en paralelo a un conflicto social creciente. Organizaciones campesinas y la Asociación Nacional de Transportistas convocaron a un paro nacional que derivó en bloqueos de carreteras, aduanas y autopistas estratégicas en al menos 17 puntos del país, con afectaciones a cadenas productivas y al comercio fronterizo.En San Lázaro, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que la iniciativa “sí se va a modificar”, en particular en lo relativo a concesiones agrícolas, herencias y transmisiones de derechos, luego de recibir cientos de propuestas en foros de Parlamento Abierto.

Apenas comienzaHoy, la Ley General de Aguas se presenta como la gran apuesta del Gobierno para corregir desigualdades históricas y garantizar el derecho humano al agua.Pero los hechos verificables muestran algo más complejo: un Estado que busca concentrar las llaves del recurso, sectores rurales que perciben amenazados sus patrimonios y formas de vida, comunidades que piden ser reconocidas como actor central.La pregunta de fondo –quién decide sobre el agua y bajo qué reglas– sigue abierta.