Blindajes electorales del PAN y de Morena: ¿Cuáles eran las propuestas que no quedaron en la reforma?

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En los últimos días, el rechazo de la propuesta de blindaje electoral impulsada por el PAN en el Congreso del Estado ha generado una serie de señalamientos entre la bancada blanquiazul y la de Morena, ya que esta última votó principalmente en contra, con el apoyo del Partido del Trabajo, al considerar que la iniciativa quedaba “corta” respecto de las causas por las que se podía anular una elección en el Estado, pues no incluía la intervención e injerencia extranjera como causa de nulidad.

Tal controversia escaló hasta el punto en que la gobernadora del Estado, Maru Campos, declaró en un evento reciente en Ciudad Juárez que Morena había votado en contra de asegurar que los próximos contendientes por la gubernatura, alcaldías, diputaciones, regidurías y sindicaturas no tuvieran nexos con el crimen organizado.

No obstante, a través de un comunicado oficial, el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, afirmó que en realidad fue la oposición la que fue en contra de un dictamen que, en sus palabras, “era la más amplia” para blindar las elecciones del Estado. Pero, ¿En qué consisten ambas iniciativas?

Acción Nacional: nulidad por violencia, intimidación y manipulación en las elecciones

En primera instancia, la reforma propuesta por la bancada blanquiazul buscaba reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua para establecer como causa de que una elección local se anule si se acreditan hechos o actos de delincuencia organizada de carácter permanente o sistemático con incidencia en los procesos electorales.

La propuesta planteaba que dichas conductas pudieran invalidar la votación en casillas o incluso la totalidad de una elección cuando se vulneraran principios como la libertad, equidad, certeza, legalidad o autenticidad del sufragio.

Se buscaba reformar el artículo 36, párrafo cuarto del Título V, “De la forma de Gobierno, división de poderes y su residencia”, el cual contemplaba que también serían motivo de nulidad aquellas conductas que implicaran intervención, financiamiento indebido o influencia en los comicios, afectando la organización, desarrollo o resultados electorales.