El gobierno de Texas dio un nuevo paso en su estrategia para fortalecer el control de la frontera con México al respaldar una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que busca reafirmar la autoridad constitucional de los estados para actuar por cuenta propia frente a la migración irregular y otros fenómenos que consideran amenazas para la seguridad.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, manifestó su apoyo a la Resolución 50 de la Cámara de Representantes (H.Res.50), promovida por el congresista republicano Jodey Arrington, la cual sostiene que los estados conservan el derecho soberano de defender su territorio cuando enfrentan una “invasión” o un “peligro inminente”, aun cuando el gobierno federal no ejerza plenamente sus facultades en materia migratoria.
La propuesta representa un nuevo intento de consolidar jurídicamente las acciones emprendidas por Texas durante los últimos años para reforzar la vigilancia en la frontera, incluyendo la aplicación de la Ley SB 4, que criminaliza el ingreso irregular al estado y faculta a autoridades estatales para detener a personas migrantes.
Paxton aseguró que la resolución no solo valida las medidas implementadas por Texas, sino que además pretende blindar a los estados fronterizos frente a futuras administraciones federales que, a juicio de los promotores, relajen las políticas de seguridad fronteriza.
“La Resolución H.Res.50 reivindica las acciones de Texas para defender sus fronteras y repudia los ataques legales de la era Biden contra nuestro estado. Es importante destacar que representa un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad fronteriza en el futuro”, declaró.
El fiscal sostuvo que durante la administración del expresidente Joe Biden se permitió el ingreso de millones de migrantes indocumentados y organizaciones criminales al país, situación que calificó como una crisis fronteriza.
“El presidente Trump está realizando una labor extraordinaria para salvar a nuestro país y asegurar nuestra frontera. Mi oficina defendió con éxito la SB 4, que protege el derecho de Texas a arrestar a inmigrantes ilegales, proteger a nuestros ciudadanos y hacer cumplir la ley de inmigración”, afirmó.
Paxton añadió que la resolución reafirma que la llamada Cláusula de Autodefensa de la Constitución estadounidense otorga a los estados el derecho independiente de actuar cuando enfrentan una invasión.
“Cuando Texas se unió a la Unión, conservó la autoridad soberana para defender a su pueblo y su territorio. No escatimaré esfuerzos para proteger y preservar ese derecho”, señaló.
Busca fortalecer el papel de Texas
El principal impulsor de la iniciativa, el representante republicano Jodey Arrington, aseguró que el Congreso debe garantizar que ningún estado fronterizo vuelva a quedar, según sus palabras, indefenso frente a futuras administraciones federales.
“El fiscal general Paxton ha estado en primera línea defendiendo la autoridad constitucional de Texas para proteger a sus ciudadanos contra la invasión y el desastre en nuestra frontera sur creados por la administración Biden”, declaró.
Arrington sostuvo que mientras el presidente Donald Trump impulsa una política de mayor control migratorio, el Congreso debe establecer mecanismos permanentes que permitan a Texas y a otras entidades fronterizas responder de forma inmediata ante incrementos en los cruces irregulares.
“Sabemos exactamente lo que podemos esperar de futuras administraciones demócratas que quieren llevarnos de vuelta a la anarquía de fronteras abiertas”, afirmó. Añadió que la H.Res.50 pretende impedir que los estados vuelvan a depender exclusivamente de las decisiones del gobierno federal.
“Agradezco al fiscal general Paxton su valiente liderazgo en la defensa de la soberanía de Texas y su firme apoyo a la Resolución H.Res.50. El Congreso debe actuar ahora para garantizar que ninguna administración futura pueda dejar nuevamente indefensos a los estados fronterizos.”
Reafirma respaldo a la SB 4
Uno de los principales efectos políticos de la resolución consiste en respaldar la constitucionalidad de la Ley SB 4 de Texas, una de las normas migratorias estatales más controvertidas de los últimos años.
La legislación convierte en delito estatal el ingreso irregular a Texas y autoriza a jueces locales ordenar el retorno de personas migrantes hacia México, además de permitir detenciones por parte de autoridades estatales.
La norma fue objeto de múltiples impugnaciones judiciales durante la administración Biden, bajo el argumento de que la aplicación de las leyes migratorias corresponde exclusivamente al gobierno federal. Sin embargo, Paxton sostiene que la Constitución permite a Texas actuar cuando existe una situación extraordinaria que amenace la seguridad del estado.
La resolución argumenta que Texas enfrentó una “invasión”
El texto de la Resolución 50 desarrolla una extensa argumentación jurídica basada principalmente en el Artículo I, Sección 10 de la Constitución de Estados Unidos, disposición que permite a los estados ejercer acciones de defensa cuando enfrentan una invasión o un peligro inminente que no admita demora.
Asimismo, cita el Artículo IV de la Constitución, el cual establece que el gobierno federal tiene la obligación de proteger a cada estado contra una invasión. Los promoventes sostienen que entre 2021 y 2024 esa obligación constitucional no fue cumplida.
La resolución afirma que durante ese periodo los estados fronterizos, Texas, Nuevo México, Arizona y California, enfrentaron una situación equivalente a una invasión derivada del ingreso masivo de migrantes y de la operación de organizaciones criminales transnacionales.
Señala a cárteles, fentanilo y crimen organizado
Como parte de su argumentación, la iniciativa sostiene que los cárteles operan como organizaciones paramilitares y narcoterroristas que controlan prácticamente todos los cruces ilegales hacia Estados Unidos.
También asegura que entre 2021 y 2024:
las detenciones en la frontera superaron en numerosos meses las 200 mil personas;
ingresaron personas provenientes de más de 160 países;
aumentaron los arrestos de personas incluidas en listas de vigilancia antiterrorista;
crecieron los delitos atribuidos a inmigrantes en situación irregular;
se incrementaron significativamente las detenciones de personas condenadas por delitos sexuales;
fueron decomisadas miles de libras de fentanilo y otras drogas;
los estados fronterizos destinaron miles de millones de dólares para atención médica, educación, vivienda y otros servicios relacionados con la migración.
Asimismo, sostiene que las comunidades fronterizas enfrentaron mayores afectaciones en materia de seguridad pública, daños a propiedades rurales, presión sobre hospitales y escuelas, además del fortalecimiento económico de los cárteles mediante el tráfico de personas.
Lo que establece la H.Res.50
La resolución propone que la Cámara de Representantes declare formalmente que:
Los estados tienen el derecho soberano de excluir de su territorio a personas que no tengan autorización para permanecer en él.
Texas, Nuevo México, Arizona y California enfrentaron entre 2021 y 2024 una invasión o un peligro inminente derivado de organizaciones criminales transnacionales.
Esos estados cuentan con autoridad constitucional para defenderse de manera unilateral cuando el gobierno federal no garantiza su protección. La administración Biden incumplió con su obligación constitucional de asegurar la frontera y hacer cumplir las leyes migratorias.
Aunque la resolución no modifica por sí misma la legislación federal, representa un respaldo político y jurídico a la postura impulsada por Texas durante los últimos años para ampliar la participación de los estados en la aplicación de medidas migratorias.
De prosperar el planteamiento, fortalecería el argumento utilizado por Texas para mantener políticas como la SB 4 y otras acciones encaminadas a incrementar la vigilancia fronteriza, consolidando la estrategia del estado de asumir un papel cada vez más activo en la seguridad de la frontera con México. (Con información de Agencias)
