Organizaciones defensoras del Estado laico manifestaron su rechazo a la iniciativa promovida por la diputada Edna Xóchitl Contreras Herrera, del Partido Acción Nacional (PAN), para adicionar un artículo 197 Bis al Código Penal del Estado y un capítulo a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en Chihuahua, al considerar que la propuesta podría utilizarse para legislar de manera indirecta la blasfemia y establecer protecciones especiales para determinadas congregaciones religiosas.

A través de un posicionamiento firmado por la Alianza por la Defensa del Estado Laico (ADELA) y diversos colectivos, las organizaciones señalaron que la propuesta surgió a raíz de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, donde presuntamente un grupo de personas católicas protagonizó actos de violencia y daños a propiedad privada en el contexto de una muestra visual y artística que exhibía imágenes religiosas.

De acuerdo con el posicionamiento, las personas que participaron en las agresiones justificaron sus acciones bajo el argumento de que la exposición había agravado aquello que consideran sagrado y constituía un llamado a la hostilidad contra quienes profesan esa fe.

ADELA consideró que, aunque la iniciativa plantea atender la incitación pública al odio y a la violencia, existe el riesgo de que sus disposiciones terminen protegiendo sentimientos religiosos o elementos considerados sagrados, lo que, desde su perspectiva, sería incompatible con el carácter laico del Estado mexicano.

Las organizaciones argumentaron que los controles constitucionales establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación impiden otorgar un trato diferenciado a determinados grupos religiosos.

En su posicionamiento, citaron datos atribuidos al Pew Research Center y a la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), según los cuales alrededor de 79 de 198 países y territorios mantienen disposiciones que penalizan la blasfemia o la difamación de la religión.

Advirtieron que, de aprobarse la iniciativa en los términos que cuestionan, podría generarse un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, particularmente en actividades relacionadas con el periodismo, el arte y la cultura.

Según ADELA, esto podría traducirse en prácticas de autocensura en espacios como museos, galerías, universidades, medios de comunicación y otros sitios destinados a la expresión pública.