La puesta en operación de la Torre Centinela en Ciudad Juárez generó reacciones encontradas entre representantes empresariales, integrantes de organismos ciudadanos, dirigentes partidistas y autoridades municipales, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la seguridad, aunque difirieron en torno al costo, alcance y resultados que deberá ofrecer la nueva infraestructura tecnológica.

Desde la perspectiva de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, la inauguración representa un paso relevante para fortalecer las capacidades de las corporaciones policiacas; Rogelio González Alcocer, expresidente del organismo, sostuvo que la Plataforma Centinela modifica la manera de enfrentar al delito al incorporar herramientas que permiten obtener información en tiempo real, identificar vehículos, analizar patrones y dar seguimiento a hechos delictivos.

Aseguró que ya existen resultados concretos derivados del uso de esta tecnología en distintos puntos del estado, particularmente en la detección de vehículos con reporte de robo, la atención de hechos delictivos y el apoyo a investigaciones relacionadas con robos, violencia y otros delitos.

González Alcocer consideró que la Torre Centinela debe entenderse más allá de su estructura física, al formar parte de una estrategia sustentada en inteligencia, tecnología y coordinación entre corporaciones; en este sentido, destacó la importancia de los subcentros instalados en diferentes regiones, pues permiten integrar información y mejorar la comunicación entre las instituciones de seguridad.

“En una situación de emergencia, contar con información precisa y oportuna puede hacer la diferencia entre reaccionar a tiempo o llegar tarde”, señaló.

Para el expresidente de la Mesa de Seguridad, la tecnología no sustituye el trabajo policial, sino que proporciona mayores herramientas a los agentes para prevenir, reaccionar, investigar y detener a quienes cometen delitos; sin embargo, advirtió que el éxito de la Plataforma Centinela no deberá medirse por el tamaño de la torre, el número de cámaras o la cantidad de tecnología instalada, sino por sus resultados en las calles.

En el sector industrial también hubo una valoración positiva; María Teresa Delgado Zárate, consejera nacional de Index Juárez, consideró que Chihuahua da un paso importante con la puesta en marcha de la plataforma, al señalar que sus beneficios pueden extenderse más allá de Ciudad Juárez y contribuir al combate de la inseguridad en todo el estado.

“Sentimos que es una muy buena propuesta que finalmente se materializa en pro de la seguridad de la ciudadanía, de la industria y de toda la localidad”, expresó, al destacar que los primeros resultados ya comienzan a observarse.

No obstante, desde la iniciativa privada también surgieron cuestionamientos. Thor Salayandía Lara, presidente del Bloque Empresarial Fronterizo, señaló que la polémica generada por la Torre Centinela obliga a centrar la discusión en el funcionamiento real de la Plataforma y no únicamente en la infraestructura.

El dirigente empresarial consideró necesario conocer qué corporaciones participan, qué tecnología se utiliza, cómo se financiará la operación y, sobre todo, cuáles serán los resultados que se obtengan.

Salayandía advirtió que los constantes repuntes de violencia afectan la imagen de Ciudad Juárez, además de representar un factor que puede desalentar inversiones y reducir la competitividad de la frontera; por ello, sostuvo que el sector productivo requiere una respuesta contundente que permita comprobar una reducción sostenida de los delitos.

También planteó que la plataforma debe funcionar de manera coordinada con las policías municipales y estatales y extenderse de forma efectiva por todo el estado; a su juicio, existe además otro desafío pendiente: combatir la impunidad mediante instituciones de procuración y administración de justicia capaces de dar seguimiento a los casos y cerrar los expedientes abiertos.

Por su parte, Iván Pérez Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez, llamó a mantener la seguridad como un tema ajeno a las disputas políticas. Consideró importante que la Torre Centinela entre en funciones y que cualquier proyecto destinado a prevenir y combatir los delitos sea respaldado cuando represente beneficios para los ciudadanos.

El dirigente empresarial sostuvo que la seguridad debe permitir la suma de esfuerzos y voluntades, independientemente de las diferencias políticas, debido a que se trata de una de las principales preocupaciones de la población.

Desde el Partido Acción Nacional, el dirigente local Ulises Pacheco calificó la inauguración como un paso histórico hacia la construcción de condiciones de paz en Chihuahua y reconoció al gobierno estatal por impulsar la infraestructura tecnológica.

Afirmó que la Plataforma Centinela fortalece estratégicamente el combate al crimen organizado y destacó resultados que, dijo, se han reflejado en el desmantelamiento de narcolaboratorios. También reconoció que la base de la estrategia estatal de seguridad haya sido instalada en Ciudad Juárez.

La postura más crítica provino del alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, quien cuestionó tanto el costo como la utilidad de la obra. El morenista calificó la Torre Centinela como una construcción “faraónica” y de “relumbrón” y señaló que el Gobierno estatal destinó alrededor de 4 mil millones de pesos a un proyecto cuyos beneficios, consideró, todavía deben demostrarse.

Pérez Cuéllar aclaró que su cuestionamiento no se dirige contra el uso de tecnología para combatir la inseguridad, sino contra el monto de recursos destinado a una infraestructura cuya utilidad, desde su perspectiva, no ha sido suficientemente justificada.

También puso en duda los costos futuros de mantenimiento, particularmente por las características de la construcción, y lanzó el reto a los responsables de la obra para que recorran sus instalaciones y demuestren que se encuentra completamente equipada y lista para operar.

Así, la Torre Centinela inicia operaciones en medio de expectativas y cuestionamientos; mientras ciudadanos y sectores empresariales esperan que la inversión se traduzca en una mayor capacidad para prevenir y combatir delitos, sus críticos demandan transparencia, eficiencia y resultados verificables.