La Suprema Corte de Justicia de la Nación agendó para este martes la discusión de dos proyectos que avalan las reformas legales que permiten a los militares ser, al mismo tiempo, dueños de una aerolínea y de varios aeropuertos, así como operadores de trenes de pasajeros.
La Ministra Loretta Ortiz propuso declarar constitucional la reforma de mayo de 2023 a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, impulsadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para facilitar la incursión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el sector aeronáutico.Con dicha reforma, se exentó a empresas paraestatales del candado que impide a las aerolíneas ser dueñas de más del cinco por ciento de cualquier concesionaria de aeropuertos.Ello ha permitido a la Sedena ser, al mismo tiempo, la dueña de la nueva Mexicana de Aviación, y de 13 aeropuertos que incluyen el Felipe Angeles, principal base operativa de dicha aerolínea.
Minorías de oposición en el Congreso alegaron ante la Corte que esta reforma viola principios constitucionales de libre competencia económica, pues abre la puerta a prácticas monopólicas, subsidios cruzados y trato preferencial de los aeropuertos de la Sedena a Mexicana en perjuicio de las aerolíneas privadas.Pero el proyecto de Ortiz descarta que este riesgo, por si solo, justifique anular la reforma legal.En 2023, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó no aprobar esta reforma, en una opinión en la que advirtió que la iniciativa Presidencial podía impedir la existencia de condiciones de neutralidad competitiva en el transporte aéreo y la administración aeroportuaria.Esta opinión tampoco preocupa a la Ministra.»Los riesgos a que se refieren las minorías promoventes y que retoman de la citada opinión de la extinta Cofece, son meras posibilidades de que algo suceda (lo cual no es materia de control abstracto) mas no un vicio del que adolezcan propiamente las normas impugnadas», sostiene el proyecto.
También en trenesEl Ministro Irving Espinosa, en tanto, propone avalar cambios a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, por la que se establecieron asignaciones por tiempo indefinido a empresas paraestatales,para dar sustento al funcionamiento de la empresa Tren Maya, adscrita a la Sedena.Espinosa afirma que la reforma no se refirió específicamente a Tren Maya, sino a paraestatales en general.La oposición también cuestionó que se asignara a la Sedena tareas ajenas al orden estrictamente militar, como prohibía en 2023 el artículo 129 de la Constitución.Dicho artículo, sin embargo, fue reformado en septiembre de 2024, y ahora permite que los militares asuman prácticamente cualquier función que el Congreso quiera otorgarles en ley secundaria.
