El proceso judicial promovido contra la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) por el cobro de cuotas diferenciadas a un estudiante extranjero permanece detenido de manera temporal, luego de que el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua no ha podido notificar formalmente a la institución debido al periodo vacacional en el que se encuentra el personal administrativo.

De acuerdo con información de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la actuaría del juzgado ha acudido en dos ocasiones a las instalaciones universitarias para entregar la notificación correspondiente a la demanda de amparo indirecto, sin obtener éxito, ya que las actividades administrativas permanecen suspendidas por el receso vacacional.

El juicio fue promovido por Emiliano, un joven de origen extranjero que busca ingresar a la Licenciatura en Arquitectura del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte (IADA), quien considera que el cobro de cuotas diferenciadas por nacionalidad vulnera sus derechos a la educación y a la no discriminación.

La demanda de amparo indirecto fue presentada el pasado 30 de junio de 2026 con el acompañamiento de la organización DHIA, la cual sostiene que la política de cobros aplicada por la universidad contraviene principios constitucionales de igualdad y acceso a la educación.

Según la organización, el estudiante no pudo concluir su proceso de inscripción el pasado 8 de junio debido a que la UACJ le exigía cubrir un pago de 34 mil 105 pesos por su condición de estudiante extranjero, pese a que reside en Ciudad Juárez desde los cuatro años y cuenta con residencia permanente en México.

DHIA argumentó que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda persona a recibir educación bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, por lo que considera que las diferencias económicas basadas únicamente en la nacionalidad representan un obstáculo para ejercer ese derecho.

Como antecedente, la organización recordó que en el tarifario universitario correspondiente al semestre febrero-junio de 2015 la inscripción para estudiantes mexicanos era de 2 mil 250 pesos, mientras que para alumnos extranjeros ascendía a mil 461 dólares, equivalentes en ese momento a aproximadamente 21 mil 885 pesos, además de establecer costos por crédito académico considerablemente superiores.

De acuerdo con la demanda, el 9 de junio Emiliano solicitó una reunión con autoridades universitarias para conocer el fundamento del cobro diferenciado; la respuesta recibida fue que las tarifas están previstas en los estatutos de la institución y que podía solicitar una prórroga para cubrir el monto requerido.

La organización promovente sostiene que esa respuesta mantiene una medida discriminatoria sustentada exclusivamente en el origen nacional del estudiante, lo que, a su juicio, contraviene el artículo 1 de la Constitución, que prohíbe toda forma de discriminación y obliga a las autoridades a proteger y garantizar los derechos humanos.

Asimismo, DHIA argumentó que la autonomía universitaria no puede utilizarse para justificar medidas que limiten derechos fundamentales, al señalar que la jurisprudencia 119/2017 establece que las universidades públicas autónomas deben ejercer sus facultades en armonía con la Constitución y privilegiar el acceso efectivo a la educación.

Como parte del procedimiento judicial, el pasado 2 de julio el Juzgado Quinto de Distrito concedió una suspensión provisional a favor del estudiante, mediante la cual ordenó a la UACJ emitir una nueva boleta de pago con el mismo monto que corresponde a un estudiante mexicano y permitirle formalizar su inscripción mientras se resuelve el fondo del asunto.

Será una vez que concluya el periodo vacacional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez cuando la autoridad judicial intente nuevamente notificar la demanda de amparo a la institución, para que ésta pueda responder a los señalamientos y continúe el trámite legal que definirá la constitucionalidad del esquema de cuotas aplicadas a estudiantes extranjeros.