Decenas de afectados por el caso de Aras Business Group se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción del Estado con el fin de presentar una denuncia en contra del juez de ejecución de penas, Juan Carlos Erives Fuentes; además, dieron a conocer que, si a más tardar el lunes 30 de noviembre no se ve reflejado el pago a por lo menos uno de los afectados, procederán a realizar movilizaciones en la ciudad, con posibles afectaciones a terceros.

La presencia de los afectados y sus representantes legales en la Fiscalía Anticorrupción tuvo como finalidad presentar una denuncia contra Juan Carlos Erives Fuentes, juez de ejecución relacionado con el caso, quien además tiene una vista en dicha dependencia por el caso de la magistrada Nancy Escárcega.

Lo anterior, en relación con el señalamiento de que al hermano de la magistrada se le habría cambiado inicialmente la medida cautelar de prisión preventiva, pese a contar con una sentencia por secuestro agravado.

De acuerdo con Felipe Acosta, representante legal de una parte de los afectados por Aras, la finalidad de acudir a la Fiscalía Anticorrupción era presentar formalmente la denuncia y solicitar que se emprendiera una investigación contra el juez de ejecución de penas.

El juez Juan Carlos Erives Fuentes fue señalado en la denuncia como presunto responsable de retrasar el proceso para liberar propiedades de la empresa y concretar el pago de la reparación del daño, de acuerdo con el representante legal de los afectados.

Acosta explicó que desde abril del presente año se habría llegado a un acuerdo con el juez para ejecutar el fallo relacionado con la venta de 79 bienes que están a nombre de la empresa y que fueron embargados, con el objetivo de obtener recursos para pagar a las personas afectadas.

El abogado comentó que, en caso de que antes del 30 de noviembre al menos uno de los afectados no reciba el monto correspondiente a la reparación del daño, las personas volverán a realizar acciones de resistencia, entre ellas el cierre de calles y avenidas, además de la posibilidad de tomar algunos edificios del Gobierno del Estado.

Felipe Acosta precisó que son varios los inmuebles asegurados por la autoridad ministerial, pero, según su señalamiento, el juez de ejecución de penas no ha procedido a que estos sean sometidos a remate, con el propósito de obtener los recursos que deben destinarse al pago de las personas afectadas.