El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) dio a conocer que durante 2026 fueron desechadas por improcedentes 79 quejas presentadas contra jueces, magistrados y otros servidores públicos del Poder Judicial de la Federación en Chihuahua, sin precisar los motivos de las denuncias ni las causas particulares que llevaron a rechazarlas.
La información fue obtenida por El Heraldo de Juárez mediante una solicitud de transparencia, en la que se pidió conocer las quejas, denuncias y procedimientos administrativos contra funcionarios judiciales del estado durante 2024, 2025 y 2026, así como los casos relacionados con posibles actos de corrupción, conflictos de interés, nepotismo, abuso de autoridad e irregularidades administrativas.
Sin embargo, las autoridades judiciales únicamente proporcionaron cifras generales, sin identificar cuántos casos correspondían a cada tipo de irregularidad ni explicar por qué la mayoría de las quejas fueron consideradas improcedentes.
De acuerdo con el oficio TDJ/SGA/DGQ/13479/2026, firmado por Jesús Ricardo Añorve Calzada, director general de Quejas del Tribunal de Disciplina Judicial, durante 2026 se contabilizaron 95 quejas contra personal judicial de Chihuahua, con corte al 11 de septiembre.
De ese total, 79 fueron desechadas por improcedentes, 11 dieron lugar al inicio de investigaciones y otras cinco permanecían pendientes de acuerdo presidencial.
Esto significa que el 83 por ciento de las quejas registradas durante el periodo fueron rechazadas, mientras que únicamente el 11.6 por ciento derivó en una orden de investigación.
A pesar de la cantidad de denuncias desechadas, la respuesta institucional no incluyó un desglose de las conductas señaladas por los denunciantes ni los fundamentos particulares utilizados para determinar la improcedencia de cada caso.
Argumentan que no están obligados a elaborar documentos adicionales
Una de las respuestas más relevantes fue emitida por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas, mediante el oficio TDJ/OIRA/A2/15/2026, fechado el 11 de septiembre.
En el documento, firmado por Margarita Joffre Romero, secretaria técnica adscrita a esa instancia, se respondió al cuestionamiento sobre cuántos casos de posible corrupción, nepotismo, conflicto de interés, abuso de autoridad e irregularidades administrativas fueron investigados en Chihuahua.
La dependencia argumentó que la petición no estaba dirigida a obtener documentos específicos, sino a conseguir respuestas a determinados planteamientos, por lo que consideró que no cumplía con los requisitos legales de una solicitud de acceso a la información.
“Es evidente que la persona solicitante no requiere tener acceso a documentos en particular, pues su pretensión es que este sujeto obligado atienda los planteamientos que formula”, señala el oficio.
La autoridad añadió que esta situación no cumple con los requisitos legales para considerarse una solicitud en ejercicio del derecho de acceso a la información, debido a que no existe obligación de elaborar documentos especiales para atenderla.
Para justificar su respuesta, invocó el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece que las instituciones deben entregar los documentos existentes en sus archivos, sin necesidad de generar información adicional.
De esta manera, el organismo no proporcionó las cifras solicitadas sobre investigaciones por posibles actos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad y otras irregularidades administrativas en Chihuahua.
Tampoco cuentan con registros completos de años anteriores
La falta de información también alcanza los procedimientos registrados durante 2024 y parte de 2025. La Dirección General de Quejas explicó que el extinto Consejo de la Judicatura Federal, que concluyó sus funciones el 31 de agosto de 2025, no transfirió al nuevo Tribunal de Disciplina Judicial los documentos con los datos estadísticos precisos correspondientes a ese periodo.
Por esta razón, manifestó encontrarse materialmente imposibilitada para entregar la información completa sobre las quejas y procedimientos registrados antes de septiembre de 2025.
En cuanto al periodo de septiembre a diciembre de ese año, reportó 22 quejas desechadas por improcedentes y dos en las que se ordenó iniciar investigaciones.
La Comisión de Vigilancia también informó que, después de una búsqueda en sus archivos físicos y electrónicos, no encontró bases de datos o documentos que permitieran identificar y cuantificar las investigaciones por posibles actos de corrupción y otras irregularidades en Chihuahua con el desglose solicitado.
La dependencia aclaró que la inexistencia de información correspondía únicamente a sus propios archivos y atribuciones, sin que esto significara que otras áreas del Tribunal tampoco contaran con esos registros.
Registran 22 sanciones firmes contra servidores judiciales
Aunque no se precisaron los motivos de las quejas desechadas, la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal de Disciplina Judicial identificó 22 registros de sanciones firmes contra servidores públicos del Poder Judicial Federal en Chihuahua entre 2024 y 2026.
De acuerdo con el oficio SGA/TDJ/611/2026, fueron 11 sanciones en 2024, diez durante 2025 y una en lo que va de 2026. Del total, 14 correspondieron a amonestaciones privadas, dos a amonestaciones públicas, tres a apercibimientos privados, una a destitución, una a inhabilitación temporal y otra a suspensión del empleo, cargo o comisión.
La Secretaría General de Acuerdos aclaró que estos registros proceden del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados (SICOPSAN), en el que únicamente se incorporan sanciones firmes. Por lo tanto, las 22 sanciones no necesariamente corresponden a igual número de procedimientos ni pueden vincularse directamente con las 79 quejas desechadas durante 2026.
La dependencia también señaló que no dispone de registros que permitan establecer cuántos procedimientos administrativos fueron iniciados, concluidos o declarados procedentes en el periodo solicitado.
