Chihuahua— La fiscalización a la Cuenta Pública 2024 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua derivó en cuatro acciones legales de alto impacto, por irregularidades, que incluyen tres denuncias penales contra particulares por el uso de documentación presuntamente falsa y un procedimiento administrativo sancionatorio en materia de obra pública por 1.97 millones de pesos.De acuerdo con el Informe de la Auditoría Especial Forense, la ASE revisó el 100 por ciento de 108 contratos celebrados por la JMAS durante 2024. Como resultado de esta revisión, se identificaron tres casos en los que los proveedores presentaron opiniones de cumplimiento fiscal del SAT con inconsistencias graves, lo que motivó la presentación de denuncias de hechos ante la Fiscalía Anticorrupción por presunto fraude procesal.Uno de los casos corresponde a Impulsa Ingeniería, S.A. de C.V., empresa que obtuvo un contrato por 150 mil 528 pesos para la adquisición de material de PVC. La auditoría detectó que la opinión fiscal presentada contenía un código QR que, al ser verificado, redirigía a los datos de una empresa distinta, con un RFC diferente al del proveedor contratado.Otro señalamiento involucra a Francisco José Álvarez Ituarte, contratado por la JMAS para la prestación de servicios de difusión en radio mediante el contrato 037-2024-JMAS-SER-RP-D, por un monto de un millón de pesos. Durante la fiscalización, la ASE constató que el código QR de la opinión de cumplimiento fiscal presentada no generaba información válida y que la cadena original del documento contenía datos que no coincidían con el sentido positivo reflejado en el formato impreso, lo que impidió verificar su autenticidad ante el SAT.El tercer caso fue atribuido a Rafael Adrián Manzo Hernández, proveedor de herramientas mediante un contrato con un monto máximo de 723 mil 787 pesos. En este expediente, la auditoría identificó que el código QR del documento fiscal no funcionaba y que existían discrepancias entre la fecha visible del documento y la fecha contenida en la cadena original, lo que sugiere una posible alteración del archivo presentado.Los contratos vinculados a estas tres denuncias penales representan recursos por aproximadamente 1 millón 874 mil pesos, comprometidos por documentación que no pudo ser validada como auténtica por la Auditoría Superior del Estado. ()