El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito dio a conocer la resolución del Amparo en Revisión 2055/2024, promovido por el abogado Irving Anchondo Valdéz. Mediante esta resolución, el Tribunal ampara y protege al representado de Anchondo y a su familia, dejando sin efectos la determinación de un Juez de Distrito que había validado la decisión del Ministerio Público de la FGE.

Con esta resolución, emitida el pasado lunes, el Tribunal Colegiado revoca el no ejercicio de la acción penal y ordena reabrir la investigación, al considerar que existen elementos suficientes para que la Fiscalía indague los hechos denunciados contra Carlos Emmanuel A. (El Meño) y Maclovio M. Ch., quien habría participado en los hechos de extorsión en su calidad de funcionario público durante su encargo como Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, lo cual constituye un agravante.

De acuerdo con el artículo 376 del Código Penal del Estado de Chihuahua, el delito de extorsión contempla penas de entre 15 y 40 años de prisión, es imprescriptible y no permite beneficios como prisión en modalidades especiales, libertad anticipada, condena condicional, sustitución de sanciones ni otros beneficios preliberacionales.

“La resolución del Tribunal Colegiado Federal confirma que la persecución emprendida contra exfuncionarios, familiares y particulares no constituyó una operación de justicia para Chihuahua, sino que, conforme a los hechos acreditados, respondió a un esquema de extorsión, hoy reconocido y validado por una instancia federal”, afirmó Anchondo.

Según la denuncia, haciendo uso del nombre y la investidura del entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y aprovechando que ambos eran socios en un despacho jurídico, Carlos Emmanuel A. habría exigido al exfuncionario, quien enfrentaba diversos procesos legales en ese momento, la entrega de seis millones de pesos bajo la amenaza de abrir nuevas carpetas de investigación y proceder penalmente contra su familia. Al no poder reunir la suma exigida, se habrían cumplido todas las amenazas.

De acuerdo con el testimonio del ofendido, Carlos Emmanuel A. lo amenazó verbalmente durante una visita al CERESO No. 1, asegurando que contaba con información, fotografías y videos que demostraban que su familia estaba siendo vigilada, con el objetivo de presionarlo para realizar el pago exigido.

La defensa legal informó que, además de solicitar la pena de prisión correspondiente en la audiencia inicial, promoverá una reparación integral del daño estimada en aproximadamente 40 millones de pesos, que incluiría honorarios legales, así como indemnización por daño material, psicológico y moral ocasionado al afectado y a su familia.

Por respeto al debido proceso y con el objetivo de proteger la integridad y seguridad de la víctima, la defensa reservó el nombre de su representado, quien ha recibido amenazas provenientes de Carlos Emmanuel A. (“El Meño”), hechos por los cuales ya se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.