El encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, informó que trabajan en diversas diligencias conjuntas con los abogados representantes de las víctimas del caso ARAS Business Group y con el liquidador de la financiera, con el objetivo de destrabar los amparos que pesan sobre diversos bienes asegurados para que puedan integrarse al proceso de remate y avanzar en la reparación del daño.

«Se está trabajando en ello, se está promoviendo una serie de diligencias en los últimos meses que nos permiten poner a disposición los bienes para poder empezar con el proceso de reparación», señaló el funcionario.

Explicó que la sentencia contempla alrededor de 72 bienes para la reparación del daño, aunque varios de ellos aún enfrentan procedimientos jurídicos pendientes, principalmente amparos que impiden su disposición inmediata.

Sáenz Soto detalló que la Fiscalía busca la resolución de esos recursos legales para que los inmuebles puedan quedar sujetos a la ejecución de la sentencia.

«Hay una sentencia; dicha sentencia tuvo algunos amparos que limitaron la ejecución de la misma, se dio seguimiento a los citados amparos, lo cual concluye con algunos sobreseimientos y nos permite la ejecución de la sentencia», explicó.

Tras esos avances, la Fiscalía integró una comisión especial junto con abogados representantes de las víctimas, asesores jurídicos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el propósito de impulsar una ejecución más ágil de la resolución judicial.

El funcionario indicó que los representantes legales promueven diversas diligencias ante el juez de ejecución, quien ha autorizado mecanismos para hacer más eficiente el proceso de reparación del daño mediante la coordinación con el liquidador.

«Serán el juez de ejecución y el liquidador quienes determinen la supervisión y el seguimiento de dichos bienes para establecer una liquidación», señaló.

Finalmente, reiteró que la sentencia considera un total de 72 bienes, por lo que la prioridad es resolver los amparos pendientes para incorporar el mayor número posible de inmuebles al proceso de remate y avanzar en la indemnización de las personas afectadas.