Organizaciones que acompañan a las víctimas del incendio ocurrido en la estancia migratoria de Ciudad Juárez el 27 de marzo de 2023 como Fundación para la Justicia y Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) expresaron su preocupación por la designación de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pese a que continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Señalaron que la decisión envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas.

La abogada del área de incidencia de Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Gabriela Romero, aseveró que Francisco Garduño no ha sido absuelto, solamente se le suspendió provisionalmente el proceso; es decir, dentro del proceso penal, la suspensión condicional del proceso es un planteamiento que se formula ya sea por el Ministerio Público o bien por la defensa.

“En el caso de Francisco Garduño, fue formulado por él y por su defensa; es decir, le solicitó al juez que se suspendiera su proceso a cambio de cumplir ciertas condiciones; es así como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Tiene ciertos requisitos para poder ser procedente; en este caso, ese planteamiento debe contener un plan detallado de la reparación del daño y someterse a una o varias de las condiciones que establece el propio código”, sentenció.

Mencionó que, una vez que el juez revisó los requisitos para su procedencia, a su consideración fue procedente otorgar esta suspensión; en este sentido, el acto de la disculpa pública que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2025 formó parte de las condiciones que se le impusieron dentro de esta suspensión.

Gabriela Romero externó que este cumplimiento de las condiciones para que se suspenda el proceso tiene un plazo y, en ese sentido, en septiembre de este año se llevará a cabo nuevamente una audiencia para revisar que todas las condiciones que se le impusieron se hayan cumplido; por lo tanto, el juez decretaría finalmente la suspensión del proceso, pero con sus efectos de no ejercicio de la acción penal; es decir, ya no se ejercería acción penal en su contra, no queda ningún antecedente, ya no habría nada contra él.

En un posicionamiento público, los colectivos DHIA y Fundación para la Justicia advirtieron que el nombramiento podría interpretarse como una señal de indiferencia institucional frente a una tragedia que cobró vidas y dejó a decenas de familias en espera de justicia tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo de 2023.

A juicio de los colectivos, ocupar cargos públicos no debe sustituir el esclarecimiento de responsabilidades ni el avance de los procesos legales pendientes. Subrayaron que resulta especialmente grave que la designación no esté respaldada por una trayectoria o experiencia acreditable en el ámbito educativo, área directamente relacionada con las funciones del puesto asignado dentro de la SEP.

De acuerdo con las organizaciones no gubernamentales, esta ausencia de perfiles técnicos refuerza la percepción de que el nombramiento responde más a una lógica de protección política que a criterios de idoneidad y profesionalismo, lo que debilita la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

“Recibimos este nombramiento con indignación”, expresaron las organizaciones. Para las víctimas y sus familias, añadieron, la decisión puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad y normaliza el olvido institucional frente a una tragedia que no debe repetirse. “La justicia no puede ser sustituida por cargos públicos ni eludir responsabilidades pendientes”, concluyeron.